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Basauri se enfrenta al pago de un millón de euros por retirar primas a 8 policías municipales.
Los agentes denunciaron al Consistorio por anular los pagos que estableció para compensar la pérdida de ingresos al prejubilarse.
La Policía Local de Basauri ha vuelto a poner en un brete al Ayuntamiento. Con el menor número de agentes de su historia por la falta de reposiciones, que en ocasiones ha impedido sacar más de un coche a patrullar, las doce prejubilaciones producidas este año se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el Ejecutivo local, en manos de PNVy PSE. Los agentes han presentado una cascada de reclamaciones judiciales por valor de «más de un millón de euros» al negarse el Gobierno local a pagarles unas primas que están contempladas en el plan de rejuvenecimiento de la plantilla aprobado en 2002 por el pleno. Como en cualquier empresa se busca así sustituir a los trabajadores más mayores por gente más joven.
Sin embargo, los responsables municipales decidieron de un día para otro suspender la entrega las primas – un máximo de 20 mensualidades brutas– porque consideraban que «se habían establecido porque los funcionarios iban a ver notablemente reducida su pensión en caso de jubilación anticipada». Sin embargo, la aprobación, el año pasado de una ley para toda España que permite a los policías jubilarse a los 60 años con el 100% del sueldo, cambiaba el marco legal de las primas. O eso al menos alegan en el Consistorio. «No precedía abonarla porque ya no se cumple el supuesto por el que se crearon las compensaciones», explicaron portavoces del a adminsitración municipal.
Los guardias urbanos acudieron a la Justicia, que les acaba de dar la razón. De momento, el Contencioso Administrativo ha aceptado la reclamación de tres de ellos y los servicios jurídicos del Consistorio son conscientes de que las otras cinco tampoco les serán favorables. Eso sí, han decidido recurrirlas dado que de convertirse en firmes los fallos acarrearán unos gastos de más de «200.000 euros de retrasos y costas». En total, las reclamaciones suman alrededor de un millón de euros que suponen un «riesgo para los fondos municipales». En su argumentación, que por el momento no ha sido tenida en cuenta por los magistrados, los abogados del Ayuntamiento presentaron dos sentencias del Tribunal Supremo que ilegalizan las «primas y premios» que daban por jubilarse anticipadamente en un Consistorio andaluz y otro canario. Los responsables municipales aseguran que están respaldados por los «servicios jurídicos municipales y el área de intervención que han recomendado suspender de forma cautelar y temporal el abono». «Eudel también ha emitido un informe en el mismo sentido, avalando nuestra posición», justifican desde el Gobierno local.
Aplicable a todos
Convencidos de su razonamiento, pese al varapalo judicial, mañana el PNV y el PSE aprobarán en el pleno, en principio en solitario, la anulación de los artículos del plan de rejuvenecimiento. De esta forma, ningún funcionario más –no solo los agentes de policía– podrán volver a beneficiarse de las primas.
La medida se ha llevado con «urgencia» según denuncia la oposición y «sin tiempo» para estudiarla. El viernes pasado se convocó una comisión con los partidos políticos y el lunes una mesa de negociación con los sindicatos. En ellas, el Ejecutivo local no logró convencer ni a los unos ni a los otros.
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